Mientras Estados Unidos trata de poner fin a su crisis de coronavirus y superar las variantes, los funcionarios de salud pública reconocen que es esencial que se vacune el mayor número de personas posible. Lograr que eso sea fácil es parte principal del plan. De acuerdo con la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus, la vacuna debe ser gratuita para todos, estén o no asegurados. Además, la administración de Biden ordenó que, “por imperativa moral y de salud pública”, todos los sitios de vacunación deben aceptar a los inmigrantes indocumentados. Aún así, ProPublica encontró que esa promesa no siempre se ha cumplido.
En los centros de vacunación de todo el país, se ha rechazado a personas tras pedirles una documentación que no es necesario que presenten. A veces se les ha pedido que paguen cuando no debían nada.
En parte, esto ha ocurrido porque las empresas que administran la vacuna intentan recuperar las tasas administrativas que se les permite cobrar al gobierno y a las aseguradoras privadas. Para ayudarles a pasar la factura, las principales farmacias piden a los vacunados su número del Seguro Social y datos de seguro médico. Se supone que no deben negarle la vacuna a nadie que no tenga cobertura, ni que los obliguen a pagar los cargos. Sin embargo, ambas cosas han sucedido.
Los trabajadores de los centros de vacunación también han rechazado a personas que consideraban que no aportaban pruebas suficientes de que pertenecían a un grupo calificado, exigiendo ver sus historiales médicos u otros comprobantes de enfermedades subyacentes. Aunque la gran mayoría de los estados no exige esa documentación, los funcionarios no siempre lo han comunicado con suficiente claridad.
Las barreras resultantes pueden ser mayores para los que estén menos preparados para abogar por sí mismos, como las personas indocumentadas y quienes no hablan inglés. Por ello, aunque las vacunas se han hecho más accesibles, para algunos de los más vulnerables aún no es muy fácil obtenerlas.
Esta es la segunda parte de una serie que documenta las barreras de acceso a las vacunas contra COVID-19. Si usted o su familia han tenido dificultades para obtener una vacuna contra COVID-19, o si es diseñador de planes de vacunación y puede compartir soluciones o información acerca de los obstáculos relacionados con la distribución equitativa, por favor llene el cuestionario que aparece más adelante. Si prefiere llamar o enviar un mensaje de texto, puede comunicarse al 202-681-0779, en inglés o español.
No necesita un Número del Seguro Social ni seguro médico para obtener una vacuna de COVID-19 gratuita. Su situación de inmigración tampoco importa.
Camille vive en Baltimore con su madre de 77 años. (Pidió ser identificada sólo por su nombre por razones de privacidad). Cuando una organización sin fines de lucro las ayudó a conseguir una cita para vacunarla a una hora de distancia, en College Park (Maryland), Camille se tomó tiempo libre en el trabajo para llevarla hasta allí. Únicamente llevaron la identificación estatal de su madre. Sin embargo, cuando se acercaron al mostrador de la farmacia CVS, un empleado les pidió información de seguro y un número del Seguro Social. La madre de Camille, originaria de Togo y buscadora de asilo en Estados Unidos, no tiene ninguna de las dos cosas. Camille señaló que el empleado les dijo que tendrían que pagar si querían una vacuna.
Según la Ley de CARES, se supone que no hay que cobrar por la vacuna de COVID-19, y la situación de inmigración no debería afectar a la elegibilidad. Muchos sitios de vacunación piden información de seguro médico y número del Seguro Social para poder cobrar tasas administrativas a las compañías de seguros o al gobierno federal, pero estos no son requisitos para poder vacunarse.
Camille le dijo al empleado de CVS que no pagaría por la vacuna. Su madre, cuyo idioma natal es el francés y toma clases de inglés semanales, necesitaba que Camille le interpretara lo que estaba ocurriendo. “Tanto mi madre como yo nos sentimos mortificadas cuando tuve que explicarle”, mencionó. “Ella preguntó si no podría obtener la vacuna debido al seguro”.
Como no quería conducir una hora de vuelta sin la vacuna, Camille llamó a Tiffany Nelms, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Asylee Women Enterprise, con sede en Baltimore, que les había concertado la cita. Cuando Nelms preguntó al empleado de CVS por qué tenían problemas para obtener una vacuna sin el número del Seguro Social, el empleado “retrocedió rápidamente”, dijo Nelms. Informó luego que uno de los supervisores sobrepasaría la solicitud del sistema en cuanto a la información del seguro o el número del Seguro Social.
Nelms comentó que le preocupan otras personas que tengan menos acceso a una ayuda. “No todo el mundo tiene un familiar bilingüe que lo acompañe y que se sienta cómodo defendiendo de esa manera, y que además cuente con un defensor tan solo haciendo una llamada”, dijo Nelms. “Para muchos de nuestros clientes, sobre todo los que aún no tienen estatus legal, si se les hiciera una pregunta así, se irían sin más”.
Camille dijo que está agradecida de que su madre se haya vacunado con una sola dosis de Johnson & Johnson para no tener que volver al CVS para una segunda inyección.
“Sabemos acerca de estos incidentes aislados en Maryland y estamos comprometidos a abordar las desigualdades relacionadas con el acceso a la vacuna de COVID-19 en las comunidades vulnerables, con un enfoque particular en las poblaciones negras e hispanas”, dijo un portavoz de CVS en una declaración escrita sobre la experiencia de Camille y otros dos incidentes que tuvieron lugar en locales de CVS de Maryland. “La vacuna de COVID-19 no se le ha cobrado directamente a ningún paciente, esté o no asegurado. Si un paciente no tiene seguro, la Administración de Recursos y Servicios de Salud nos exige que le pidamos un número del Seguro Social o un número de licencia de conducir o de identificación estatal válida. Sin embargo, los pacientes no asegurados no están obligados a proporcionar esa información para recibir una vacuna de nuestra parte”.
Los requisitos arbitrarios de documentación de los centros de vacunación han sido una barrera para otros habitantes de Maryland que también intentan vacunarse. Varias maestras de escuelas públicas del condado de Montgomery formaron Vaccine Hunters-Las Caza Vacunas para ayudar a encontrar citas para los habitantes de Maryland que cumplen los requisitos. En marzo, a ocho de sus clientes se les negaron inicialmente las vacunas cuando se presentaron a las citas. A la mayoría le dijeron que necesitaban una documentación que no exige el estado. Todos ellos eran inmigrantes, y la mayoría acabó recibiendo la vacuna después de ponerse en contacto con alguien del grupo para que abogara por ellos.
En un incidente en el que los voluntarios de Vaccine Hunters/Las Caza Vacunas dijeron haber intervenido, una mujer llegó a su cita en un CVS de White Plains, Maryland, y presentó su identificación, un pasaporte salvadoreño. Le dijeron que necesitaría una tarjeta de seguro o un número del Seguro Social, que no tiene. En otro caso, una mujer que habla principalmente español fue rechazada inicialmente por un CVS de College Park porque no pudo responder cuando se le pidió, en inglés, que identificara su categoría de elegibilidad.
Los voluntarios del grupo han recibido quejas de residentes locales que fueron rechazados también por otras razones. En un supermercado Giant de Hyattsville, dos pastoras latinas fueron rechazadas inicialmente porque no tenían una carta de su empleador, a pesar de que llevaban formularios W-2 que demostraban su situación laboral.
“Un proveedor de la vacuna contra COVID-19 no puede negar la vacuna a una persona basándose en su ciudadanía o estatus migratorio”, dijo Charles Gischlar, subdirector de comunicaciones del Departamento de Salud de Maryland. Sin embargo, dijo Gischlar, los proveedores de vacunas de Maryland están obligados a tomar “medidas razonables” para determinar si alguien está realmente en un grupo prioritario: “Un proveedor de vacunas de COVID-19 puede requerir documentación adicional o una identificación de empleo, además de requerir que las organizaciones presenten planes institucionales con individuos identificados”.
Un portavoz de Giant Food informó que sus tiendas revisan la información del paciente a través de sus tarjetas de identificación o cartas de sus empleadores, con el fin de identificar a las personas que se están vacunando y enviar datos demográficos a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. “Nuestro objetivo es ayudar a que la gente se inmunice, no patrullar la vacuna de ninguna manera”, dijo el director de comunicaciones y relaciones comunitarias, Daniel Wolk. “Como se puede imaginar, la directrices de los legisladores estatales y del Departamento de Salud cambian a diario. Hacemos todo lo posible por comunicar eficazmente estos cambios a nuestros más de 400 farmacéuticos a través de correo electrónico y llamadas semanales”.
Al otro lado del país, en el vecindario de Mission Hills de Los Ángeles, Rite Aid rechazó a una mujer el 14 de marzo tras pedirle un número del Seguro Social y un documento de identidad emitido en Estados Unidos, los cuales no tiene. Había llevado su documento de identidad consular, que se supone que los centros del condado de Los Ángeles aceptan para las citas de vacunación.
“Después de estar en una lista de espera durante una semana, mi madre fue rechazada por no tener un número del Seguro Social y por ser INDOCUMENTADA”, escribió su hijo Sebastián Araujo en Instagram, para luego añadir en Twitter: “Mi madre estaba literalmente sollozando y yo estoy literalmente horrorizado”. Después de que Araujo compartiera el incidente en las redes sociales, Rite Aid le respondió en Twitter con una disculpa y le tendió la mano para volver a programar una hora para vacunar a su madre.
Un portavoz de Rite Aid dijo que la empresa aconseja a sus empleados que no rechacen a nadie en una cita para vacunarse, independientemente de que tengan un documento de identidad, un número del Seguro Social o seguro médico. “Este fue un incidente aislado, fue un error y no tuvo nada que ver con el estatus migratorio”, dijo el director de relaciones públicas de Rite Aid, Chris Savarese. “El personal de las tiendas y los equipos regionales han recibido capacitación acerca de nuestra política de no rechazar a nadie”.
Una semana después del incidente de Los Ángeles, una farmacia Rite Aid del condado de Orange, California negó la vacuna a otra mujer que no tenía tarjeta del Seguro Social ni seguro médico, aunque había llevado su documento de identidad de otro estado y una carta de su empleador.
Al principio, dijo Araujo, dudaba en publicar la experiencia de su madre por los comentarios de odio que preveía encontrar en la red. “Pero considero que crear conciencia es muy, muy importante”, comentó Araujo en una entrevista con ProPublica. “Si nos hubiéramos quedado callados, honestamente, nada habría sucedido. Es probable que Rite Aid hubiera seguido rechazando a la gente y el Condado de Los Ángeles sin nunca poner a este tema en la conversación”.
Después de que Araujo y los medios de comunicación locales dieran a conocer el incidente, los funcionarios del condado de Los Ángeles se pronunciaron y publicaron en las redes sociales para recalcar que no es necesario presentar una prueba de ciudadanía para vacunarse.
Una vacuna contra COVID-19 nunca debe costarle dinero, nunca. Esa es la ley.
Aunque los CDC han dejado claro que los proveedores de vacunas no deben cobrar nada a los pacientes, lo cual incluye cargos administrativos o copagos, algunos pacientes han seguido recibiendo facturas por la vacuna de COVID-19. El día después de que Rosanne Dombek, de 85 años, recibiera su segunda inyección en InterMed, un consultorio de atención primaria en Maine, abrió su correo y encontró una factura. El cargo por la “administración de la primera dosis de Covid-19 Pfizer” fue de $71.01 dólares. “Si su saldo pendiente llega a los 120 días de mora, el saldo será transferido a la Agencia Thomas para una nueva medida de cobranza”, decía la parte inferior de la factura. “Sonó bastante definitivo”, dijo Dombek, que es la madre de Lynn Dombek, editora de investigación de ProPublica. Inmediatamente giró un cheque. “Me sorprendió recibir la factura, pero ya soy lo suficientemente mayor como para no querer más batallas”.
Cuando se le preguntó acerca de la factura de Dombek, el portavoz de InterMed, John Lamb, dijo en primer lugar, que los $71 dólares deberían haberse facturado a la compañía de seguros de la paciente y que “la correspondencia a la que se refiere probablemente sea una solicitud de información sobre el seguro”. Cuando se le mostró una copia de la factura de Dombek, la cual no incluía ninguna petición de ese tipo, Lamb respondió: “El documento debería haber incluido un aviso para que nos llamara con la información de su seguro. Estamos investigando por qué faltó”. Sin embargo, el sitio web de InterMed parecía indicar que la factura era intencionada. En la sección de preguntas frecuentes sobre el coronavirus, el sitio indicaba: “Se proporcionará la vacuna contra COVID-19 sin costo a los pacientes. Sin embargo, se cobrará un cargo administrativo por la vacuna al paciente”. Cuando ProPublica preguntó a InterMed sobre esa redacción, Lamb respondió: “Bien visto. Es confuso. Ya lo corregimos para reflejar que se le cobrará a la aseguradora”. El sitio web se actualizó posteriormente. Dombek ya no envió su cheque a InterMed. Algunos residentes de Nuevo México también informaron que recibieron facturas después de vacunarse. No está claro cómo el CDC o su agencia matriz, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, pretende evitar que se facture a los pacientes. Un portavoz de los CDC señaló que las personas pueden llamar a una línea directa del HHS para denunciar cualquier infracción relacionada con la facturación, pero remitió las preguntas sobre la supervisión al HHS. El HHS no respondió a las solicitudes de comentarios.
El miedo a las posibles facturas ha hecho que otros no se vacunen, para empezar. Nancy Largo, de Bellport, Nueva York, no tiene seguro, ya tiene una deuda médica de $7,000 dólares y lleva casi dos años sin trabajar debido a una lesión laboral. Ella sabe que se supone que las vacunas contra el coronavirus son gratuitas, pero de todos modos se preocupa. “¿Qué sucede si me cobran?”, preguntó en español.
Largo no habla inglés y los proveedores de servicios médicos no siempre tienen personal que hable español. Es por eso que no confía en poder hacer preguntas sobre la facturación y otros detalles una vez que llegue a un centro de vacunación.
Aunque las farmacias cercanas ofrecen la vacuna, Largo se está limitando a encontrar una vacuna a través de una clínica que sabe que atiende a personas sin seguro y que tiene personal que habla español. Hasta ahora, no han tenido una cita para ella.
En casi todos los estados, los proveedores están obligados a creer lo que usted dice acerca de los padecimientos subyacentes
Sara Waldecker estaba preocupada por cómo podría demostrar que era una paciente de alto riesgo que podía recibir la vacuna contra COVID-19. Michigan acababa de abrir las vacunas a cualquier persona mayor de 16 años con discapacidades o condiciones médicas que cumplieran los requisitos. Waldecker, de 37 años, dijo que una enfermedad de la infancia la dejó con cicatrices en los pulmones y asma, pero no estaba segura de cómo conseguir esos historiales médicos porque “el médico principal que me atendió hasta hace cinco años, murió”. Después de eso, Waldecker cambió de sistema hospitalario y sus expedientes previos no se transfirieron con ella. Su esposo luego perdió su empleo durante la pandemia, dejándolos sin seguro médico. Comentó que no tenía suficiente dinero para acudir a un médico, con el fin de volverse a hacer análisis y obtener un nuevo diagnóstico. Había estado aislada durante toda la pandemia, afectada por emociones conflictivas. “Si me contagio, hay una probabilidad abrumadora de que no sobreviva, pero también me siento culpable por alejar a mi hija de sus lugares favoritos”, comentó. “Ella está sana, el resto de mi familia están sanos; yo soy el eslabón débil. Yo soy la que los mantiene aislados”. De hecho, Waldecker no nececistaba comprobar nada. En Michigan, “las personas dan fe de cualquier condición médica al momento de registrarse”, indicó Lynn Sutfin, responsable de información pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado. “No necesitan presentar un comprobante”. Esta información no aparece de manera obvia en el sitio web del departamento de salud del estado, ni tampoco en el sitio web del departamento de salud del condado de Macomb, donde vive Waldecker
ProPublica realizó una encuesta en los 50 estados y descubrió que, entre los que actualmente proporcionan vacunas a personas con problemas de salud subyacentes, casi todos sólo exigen que el paciente declare que cumple con los criterios, y no requieren ninguna documentación o prueba. Florida es una excepción. En ese estado se limita la elegibilidad a las “personas que se consideran extremadamente vulnerables, según un médico” y se proporciona un formulario para que los médicos lo llenen.
En Delaware, los proveedores de salud y los sistemas hospitalarios son los únicos lugares donde los pacientes con problemas de salud pueden vacunarse. “Se ha aconsejado a los proveedores de salud de Delaware, incluidos los hospitales, que utilicen su criterio clínico para vacunar a las personas de entre 16 y 64 años con problemas de salud subyacentes, ya que tendrán acceso a la información médica del paciente”, escribió en un correo electrónico la portavoz del departamento de salud pública del estado, Robin Bryson. Incluso en los estados que sólo exigen una declaración de la enfermedad subyacente de parte de la persona, la información al respecto no fue fácil de encontrar en los sitios web estatales. Muchos no lo mencionaban en absoluto, y ProPublica pudo enterarse sólo al ponerse en contacto con las oficinas de prensa. Sin embargo, independientemente de lo que diga el Estado, ciertos centros de vacunación específicos pueden a veces ignorar las directrices oficiales. Cuando Ric Galván, de 20 años, acudió el 2 de marzo al estadio Alamodome de San Antonio, Texas para recibir su inyección, recuerda que fue interrogado por un bombero que ayudaba a la entrada: “Primero me preguntó mi edad con un tono arrogante, posiblemente porque soy joven”. Galván presentó su identificación y declaró que tenía asma crónica. “Entonces me preguntó si traía un inhalador o algún tipo de prueba de que tenía asma, a lo que conteste: ‘No, conmigo no’. Luego me dijo que la vacuna era sólo para los ‘verdaderos asmáticos’ que ‘necesitan llevar su inhalador con ellos en todo momento’”. “Como alguien que ha estado bajo el cuidado de un neumólogo desde que tenía 4 años, eso me molestó mucho”, dijo Galván. Intentó replicar, diciendo al bombero que ninguno de los correos electrónicos de confirmación decía nada acerca de un comprobante médico, pero el bombero le dijo que se fuera del lugar. Estudiante de tiempo completo que también trabaja a tiempo parcial, Galván añadió que se sentía frustrado porque había sido muy difícil conseguir una cita en primer lugar, y ahora tenía que volver a empezar.
“Debemos asegurarnos de que las personas que se han inscrito realmente cumplan los criterios de las categorías 1A y 1B que estableció el estado. Ese proceso implica comprobar el nombre y la edad y, si se es menor de 65 años, las condiciones preexistentes cualificadas”, respondió Michelle Vigil, portavoz de la ciudad de San Antonio. “Lamentablemente, hemos visto casos en los que estas condiciones no se pueden verificar. Para garantizar el cumplimiento de la normativa hemos tenido que rechazar a un número muy reducido de personas”.
Aún así, se supone que centros de vacunación de Texas no deben pedir pruebas de enfermedades subyacentes, según Douglas Loveday, portavoz del departamento de salud de Texas. Las personas que deseen vacunarse “pueden revelar por sí mismas su condición médica”, añadió. “No necesitan presentar documentos para comprobar que cumplen con los requisitos”.
Juany Torres, organizadora y defensora de la comunidad en San Antonio, dijo que ha oído hablar de varios casos similares en el Alamodome. “Varias personas indocumentadas que se presentaron fueron interrogadas acerca de su diabetes o su asma. Luego fueron rechazadas y perdieron su cita”, dijo Torres. También comentó que a esas personas las habían diagnosticado en su país de origen y no tenían a la mano sus expedientes médicos. Ninguno tiene seguro médico ni doctor de atención primaria en Estados Unidos. “Perdieron el tiempo que se habían tomado fuera de su trabajo, se sintieron avergonzados, y tuve que volver a convencerlos de que merecían ir y que debían vacunarse”. En Texas, al menos, las solicitudes de documentación médica ya no deberían ser un problema: el 29 de marzo, el estado comenzó a permitir que todos los mayores de 16 años se inscribieran para recibir la vacuna.
Mollie Simon contribuyó a este reportaje.
