Desde la zona urbana de Houston hasta las vías fluviales de Virginia, la contaminación del medio ambiente procedente de plantas industriales está elevando el riesgo de cáncer de casi un cuarto de millón de estadounidenses hasta un nivel que el gobierno federal considera inaceptable.
Algunas de estas zonas peligrosas por la contaminación atmosférica son tristemente célebres. Un tramo de 85 millas del río Mississippi en Louisiana que está atestado de refinerías de petróleo y plantas químicas se ha ganado el sobrenombre de “Callejón del cáncer”. Muchas otras áreas similares siguen siendo desconocidas, incluso para los residentes que respiran el aire contaminado.
Hasta ahora.
ProPublica emprendió un análisis que nunca antes se había hecho. Trazamos un mapa de la propagación de sustancias químicas carcinógenas procedentes de miles de fuentes de contaminación atmosférica a lo largo de todo el país entre 2014 y 2018, usando un programa informático de procesamiento de datos avanzado y una herramienta de creación de modelización desarrollada por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). El resultado es una panorámica sin paralelo de cómo el aire tóxico florece alrededor de las plantas industriales y se propaga a los barrios cercanos.
En la escala más detallada del mapa, es posible ver de cerca como una planta química cerca de una escuela secundaria en Port Neches, Texas, impregna el aire con benceno, un gas odorífero que puede causar leucemia. O cómo una fábrica en New Castle, Delaware, durante años envolvió el patio de una guardería infantil con óxido de etileno, un químico altamente tóxico que puede provocar linfoma y cáncer de mama. Nuestro análisis encontró que el óxido de etileno es el mayor contribuyente al riesgo adicional de cáncer industrial por contaminantes atmosféricos a escala nacional. Empresas en todos los Estados Unidos, pero especialmente en Texas y Louisiana, fabrican el gas incoloro e inodoro que perdura en el aire por meses y es altamente mutagénico, lo que implica que puede alterar el ADN.
En total, ProPublica identificó más de mil zonas de peligro con aire contaminado que causa cáncer. No están distribuidas de una forma equitativa a través del país. Una cuarta parte de las 20 zonas con los índices más altos de riesgo adicional están en Texas, y casi todas en estados del sur donde se sabe que las leyes ambientales son más débiles. Tramos del censo donde la mayoría de los residentes son gente de color, tienen, como promedio, alrededor de un 40% más de contaminación atmosférica industrial que causa cáncer que tramos donde los residentes son en su mayoría blancos. En tramos del censo de población predominantemente negra, el riesgo estimado de cáncer por contaminación atmosférica es más del doble que en los tramos de mayoría blanca.
Wayne Davis, un científico del medio ambiente que trabajó en la oficina de seguridad química y prevención de la contaminación de la EPA, después de revisar el mapa de ProPublica, dijo: “El público se va a enterar de que la EPA permite que ocurra una barbaridad de contaminación ambiental que el público no piensa que está ocurriendo”.
Nuestro análisis llega en un momento clave para el destino del aire de Estados Unidos.[MdL1] Después de décadas de mejoría, la calidad atmosférica, según algunos parámetros, empezó a declinar. En los últimos cuatro años, la administración Trump desmanteló más de cien protecciones medioambientales que incluían dos docenas de normas sobre las emisiones y contaminación atmosférica.
La EPA dice que “se esfuerza por proteger al mayor número posible de gente” de un riesgo adicional de cáncer que sea peor que 1 en un millón. Ese nivel de riesgo significa que si un millón de personas en una zona determinada están continuamente expuestas a contaminantes tóxicos atmosféricos durante un hipotético período de vida de 70 años, habría al menos un caso de cáncer además de otros riesgos que la gente ya encara. Según el análisis de ProPublica, 74 millones de estadounidenses, más de una quinta parte de la población, están siendo expuestos a niveles de riesgo más altos.
La normativa de la EPA establece el límite máximo aceptable de riesgo adicional de cáncer en 1 en 10,000, cien veces más alto que su objetivo más ambicioso y un nivel de exposición que numerosos expertos dijeron a ProPublica que es demasiado alto. ProPublica encontró que unas 256,000 personas están siendo expuestas a riesgos por encima de este umbral y que unas 43,000 personas están siendo sometidas por lo menos al triple de este límite de riesgo. Aun así, la EPA considera que cruzar su propio umbral de riesgo es más una señal de aviso que un mandato para adoptar medidas. La ley no requiere que la agencia penalice a los contaminadores que, solos o en conjunto, suben el riesgo de cáncer en una zona por encima del nivel aceptable.
Como respuesta a las conclusiones de ProPublica, Joe Goffman, administrador auxiliar en funciones de la Oficina de Aire y Radiación de la EPA, dijo en una declaración emitida por correo electrónico: “Las emisiones atmosféricas tóxicas de las plantas industriales son un problema que debe ser abordado”. Bajo la administración de Joe Biden, “la EPA ha renovado su compromiso de proteger la salud pública de las emisiones atmosféricas tóxicas procedentes de plantas industriales, especialmente en comunidades que ya han sufrido desproporcionadamente la contaminación del aire y otras cargas ambientales”.
El informe de ProPublica revela las deficiencias en la implementación de la Ley de Aire Limpio de la EPA, una ley de referencia que redujo drásticamente la contaminación del aire en todos los Estados Unidos, pero proporcionó menos protección para la gente que vive más cerca de los contaminadores industriales.
La ley de 1970 generó normas de calidad del aire exterior para un puñado de ampliamente reconocidas sustancias contaminantes, entre ellas el dióxido de azufre y materia particulada cuya procedencia pudo ser localizada en los tubos de escape y las chimeneas en todo el país y que se comprobó que agravaban el asma y ocasionaban muertes prematuras. Pero otros 187 componentes químicos tóxicos, que ahora se sabe que son peligrosos contaminantes atmosféricos o gases tóxicos, nunca recibieron el nivel necesario de atención. En aquel momento, la ciencia que mostraba los peligros de esas sustancias, que principalmente afectaban a la gente que vivía en los barrios que bordeaban las plantas industriales, llamados vecindarios adyacentes, estaba en su fase inicial. La EPA no recibió suficientes fondos para establecer unos límites estrictos y la presión de la industria debilitó las regulaciones emergentes.
En 1990, el Congreso adoptó una nueva política para regular sustancias tóxicas atmosféricas. Desde entonces, la EPA ha exigido que las empresas instalen equipos para reducir su contaminación y ha estudiado las emisiones residuales para ver si representan un riesgo de salud inaceptable.
La manera en que la agencia evalúa este riesgo subestima drásticamente la exposición de los residentes, según nuestro análisis. En vez de examinar cómo el riesgo de cáncer se multiplica cuando los contaminadores se concentran en un barrio, la EPA examina ciertos tipos de plantas industriales y equipamiento de forma aislada. Cuando la agencia estudia las refinerías, por ejemplo, ignora la exposición de la comunidad a contaminación de plantas de fundición o astilleros cercanos.
Matthew Tejada, director de la Oficina de Justicia Ambiental de la EPA, dijo a ProPublica que enfrentarse a las zonas de peligro por contaminación atmosférica va a requerir “repasar 50 años de regulación ambiental en los Estados Unidos, y desempacar y desenredar toda una serie de nudos”.
“El sistema regulatorio ambiental no fue diseñado para lidiar con estas cosas”, dijo. “Todas las partes del sistema tienen que reconsiderarse para enfrentar el problema en zonas peligrosas o lugares donde sabemos que hay una carga desproporcionada”.
La Ley de Aire Limpio raramente obliga a las industrias o a la EPA a monitorizar las sustancias tóxicas ambientales, dejando a los residentes cerca de estas plantas industriales crónicamente desinformados sobre lo que están respirando. Y cuando las empresas informan de sus emisiones a la EPA, se les permite estimarlas usando fórmulas y métodos fallidos.
“Estos vecindarios adyacentes son zonas de sacrificio”, dijo Jane Williams, directora ejecutiva de California Communities Against Toxics (Comunidades de California Contra Sustancias Tóxicas). “Antes de que existiera la negación del clima , existió la negación del cáncer. Emitimos millones de libras de carcinógenos en nuestro aire, agua y comida, y nos sorprendemos cuando la gente empieza a enfermarse”.
A Brittany Madison le preocupa el aire. Madison tiene 31 años y vive en Baytown, Texas, una ciudad cerca del canal de navegación de Houston donde las torres relucientes de las plantas químicas llenan el horizonte. En el apartamento que comparte con su hijo de 7 años, su hermana de 39 y sus sobrinas y sobrino, el zumbido bajo y continuo de los purificadores de aire no da tregua. Su sobrina de 3 años, K’ryah, ha sufrido ataques debilitadores de asma desde que nació. Incluso en los días buenos, la familia intenta mantener a K’ryah dentro de la casa lo más posible. En los días malos, cierran las ventanas. Y casi una vez al mes, la llevan a toda velocidad al hospital, donde le dan oxígeno y le inyectan esteroides.
A Madison, que está embarazada de seis meses, le encanta dar largos paseos y mirar a los niños en el parque de juegos, pero últimamente pasa más y más tiempo dentro. Su casa se encuentra a pocas millas del ExxonMobil Baytown Complex, una de las refinerías más grandes del mundo. A través de los años, la enorme operación petroquímica de Exxon ha emanado millones de libras de sustancias químicas tóxicas al aire durante accidentes, descargas no planificadas e incendios (ExxonMobil no respondió a nuestras solicitudes de comentarios). Después de un incendio con muchísimo humo en 2019, Madison sufrió su primera migraña. Su hijo, que no sabía la palabra para dolor de cabeza, le dijo que a él le dolía el cerebro.
Madison empezó a preguntarse si vivir cerca de tanto tubo y tanque y torre tenía algo que ver con las condiciones de salud que padecía su barrio. Las sustancias tóxicas atmosféricas están asociadas con un conjunto de efectos adversos que van desde dolores de cabeza y náuseas hasta daño pulmonar, insuficiencia cardíaca y muerte, y son especialmente peligrosas para los niños pequeños y los no nacidos. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas determinó que los niños que viven a dos millas o menos del canal de navegación de Houston tienen un riesgo más alto de desarrollar leucemia linfocítica aguda. El padre de Madison, que trabajó en varias plantas cercanas, murió de un ataque cardíaco a los 43 años. Amigos y familiares han muerto de cáncer. “Te preguntas qué es lo que lo causa. ¿Es el aire que respiramos? ¿O la comida?” preguntó Madison. “Existen todas estas diferentes preguntas para las cuales nadie tiene respuestas”.
Los riesgos de cáncer debidos a la contaminación industrial pueden ser agravados por factores como la edad, la alimentación, la predisposición genética y la exposición a la radiación; el efecto dominó de inhalar aire tóxico durante décadas podría, por ejemplo, significar la diferencia entre meramente tener un historial familiar de cáncer de mama y realmente desarrollar la enfermedad una misma. Aunque los índices de cáncer y asma en el condado de Harris en Houston son comparables con los del resto del estado, funcionarios de Texas han identificado concentraciones de cáncer en varios barrios de la ciudad.
Grandes franjas de la zona metropolitana de Houston forman la tercera zona peligrosa más grande del país, según nuestro análisis, después de Cancer Alley (el callejón del cáncer) en Louisiana y de una zona alrededor de Port Arthur, Texas, que está en la frontera con Louisiana. Para muchos de los hogares más cercanos a las plantas petroquímicas en ciudades como La Porte y Port Neches, Texas, el riesgo adicional aproximado de cáncer oscila entre tres y seis veces más que el nivel que la EPA considera aceptable. Sin embargo, debido a la forma en que la EPA subestima el riesgo, los verdaderos peligros de vivir en una zona peligrosa tóxica son a menudo invisibles para los reguladores y los residentes.
La agencia desglosa las cosas en categorías lo más pequeñas posible “para evitar encarar lo que llamamos el riesgo acumulativo”, dijo John Walke, un abogado del Consejo de Defensa de Recursos Naturales que trabajó antes como abogado de la EPA asesorando a la Oficina de Aire y Radiación. “Pero nuestros cuerpos no filtran la contaminación del aire según las etiquetas normativas, el equipamiento industrial o las categorías de fuentes industriales”. El riesgo de cáncer de cada planta industrial o tipo de equipamiento de forma individual puede estar a niveles que la agencia considera “aceptables”, pero sumados todos juntos, los posibles daños pueden ser importantes.
La EPA inicialmente envió una declaración a ProPublica diciendo que “se asegura de que los riesgos provenientes de categorías de fuentes individuales son aceptables y que las normas proporcionan un amplio margen de seguridad para proteger la salud pública”.
En otra declaración enviada después de la entrevista, la agencia añadió: “Comprendemos que las comunidades frecuentemente se enfrentan a fuentes múltiples de contaminación atmosférica tóxica y que se enfrentan a riesgos acumulados más altos que el riesgo de una fuente individual”. La EPA añadió que está trabajando tanto para aprovechar mejor la ciencia sobre riesgos acumulativos como “para comprender mejor los riesgos que enfrentan las comunidades que están bajo la sobrecarga de numerosas fuentes de múltiples contaminantes”.
Madison no puede evitar darse cuenta de que cuando su familia viaja, el asma de K’ryah mejora. “A la primera oportunidad que tenga, me voy a mudar muy lejos de Texas y nunca más miraré atrás”, dijo. “Me encanta estar afuera. Me encanta mirar las estrellas. No quiero sentir como que alguien está bombeando gasolina sobre nuestro porche”.
Las ubicaciones de las zonas peligrosas identificadas por ProPublica no son aleatorias en absoluto. Los gigantes industriales tienden a favorecer lugares que ofrecen ventajas estratégicas: en la costa del Golfo, por ejemplo, proliferan las plataformas petrolíferas, así que es más conveniente construir las refinerías a lo largo de la costa. Las corporaciones también prefieren lugares donde la tierra es barata y las regulaciones son pocas.
Bajo la ley federal, la EPA delega la mayoría de sus poderes de vigilancia a las autoridades estatales y locales, lo cual significa que las protecciones ambientales que se brindan a los estadounidenses varían mucho entre estados. Texas, que alberga algunas de las zonas peligrosas más grandes de la nación, tiene regulaciones notoriamente laxas.
Entre 2008 y 2018, los legisladores recortaron un 35% de los fondos para programas estatales de control de contaminación mientras aumentaban el presupuesto total del estado un 41%, según un informe del Proyecto de Integridad Ambiental, un grupo de defensa fundado por antiguos funcionarios de la EPA. Un reportaje del Texas Tribune en 2017 concluyó que, durante el año anterior, la Comisión sobre Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) impuso multas en menos del 1% de los casos en que los contaminadores excedieron los límites de emisión. Incluso cuando se imponen sanciones, muchos contaminadores ven las multas como parte del costo de hacer negocios, dijo Craig Johnston, un antiguo abogado de la EPA y profesor de legislación ambiental de la Escuela de Derecho Lewis and Clark.
Gary Rasp, portavoz de la TCEQ, dijo a ProPublica que la agencia “ha tomado medidas para vigilar, mitigar y mejorar la calidad del aire en los vecindarios adyacentes”. La agencia opera docenas de monitores fijos de aire tóxico a lo largo del estado, añadió, y “al evaluar continuamente los datos de control del aire, lo cual es más preciso que hacer modelos, la TCEQ puede identificar problemas”. La agencia también inspecciona las plantas industriales y “tiene un programa activo de vigilancia, y deriva los casos especialmente graves a la Oficina del Procurador General de Texas”.
Que la gente que vive en las zonas de peligro sea desproporcionadamente negra no es una coincidencia. Nuestras conclusiones se apoyan en décadas de evidencias que demuestran que la contaminación está segregada: la gente de color está expuesta a niveles mucho más grandes de contaminación que los blancos, un patrón que también se da si se consideran los niveles de ingresos. Estas disparidades tienen sus raíces en prácticas racistas de discriminación en bienes inmuebles como el “redlining” y la designación de zonas de bajos ingresos y comunidades de color como zonas mixtas residenciales e industriales. En ciudades como Houston, por ejemplo, las juntas de zonificación compuestas solo por blancos se enfocaron en zonas negras para ubicar instalaciones nocivas como vertederos, incineradores y basureros. Robert Bullard, un profesor de planificación urbana y política ambiental de la Universidad del Sur de Texas, ha llamado a esta costumbre PIBBY o “Place in Blacks’ Back Yard” (Ponlo en el Jardín Trasero de los Negros), una variación del acrónimo NIMBY, “Not In My Back Yard” (No en Mi Jardín Trasero).
Muchos de los barrios que bordean las plantas químicas son de bajos ingresos y carecen de los mismos recursos, acceso a servicios de salud y capital político que utilizan las zonas más ricas en las luchas contra actividades comerciales intrusivas. En lugares como Baytown, la gente de clase trabajadora depende para ganar un sueldo de las mismas empresas que les enferman. A través de los años, la sombra de la industria puede dañar permanentemente no solo la salud de un barrio sino sus perspectivas económicas y los precios de las propiedades, alimentando un ciclo de desinversión. “Las industrias cuentan con esos sumideros —esas zonas de sacrificio— para contaminar”, dijo Ana Baptista, profesora de política ambiental de The New School. “Este cálculo político ha mantenido un sistema regulatorio que permite la concentración persistente de la industria. Sacrificamos a esas comunidades de bajos ingresos, afroamericanas, indígenas para el beneficio económico de la región, el estado o el país”.
Tejada, director de justicia medioambiental de la EPA, dijo que la administración de Biden y la EPA están enfocadas en confrontar esas disparidades. “Esos lugares no sucedieron por accidente. La desproporcionalidad de los efectos que tienen que encarar, las generaciones de desinversión y la carencia de acceso no son coincidencias. Estos lugares fueron creados. Y es responsabilidad de todos, incluido el gobierno, sobre todo el gobierno, hacer algo”.
El gobierno federal hace tiempo que tiene la información que necesita para encargarse de esas zonas de peligro. La EPA recopila datos sobre las emisiones de más de 20,000 instalaciones industriales en el país e incluso ha desarrollado su propia herramienta de última generación, el modelo de evaluación de indicadores de riesgos ambientales, para calcular el efecto de las emisiones de sustancias tóxicas en la salud humana. El modelo, conocido como RSEI (por sus siglas en inglés), fue diseñado para ayudar a los reguladores y a los legisladores a localizar con precisión dónde establecer esfuerzos adicionales de control del aire, inspecciones de la calidad de los datos o, si fuera necesario, implementar medidas. Investigadores y periodistas han usado este modelo para varias investigaciones a lo largo de los años, incluyendo la nuestra.
Sin embargo, el uso por parte de la agencia de su propia herramienta de modelización ha sido limitado. Ha habido una carencia de financiación y una falta de interés en las aplicaciones más ambiciosas del RSEI, según varios empleados antiguos y actuales. Wayne Davis, antiguo científico de la EPA, manejó el programa RSEI durante la administración de Trump. Dijo que algunos de sus supervisores eran renuentes a publicar información que implicara directamente una instalación. “Siempre nos decían, no le den importancia, no lo promocionen, y con suerte continuarán recibiendo fondos el año próximo. No querían hacer público algo que podría plantear preguntas de porqué la EPA no había hecho nada para regular esa instalación”.
Nicolaas Bouwes, un antiguo alto analista de la EPA y arquitecto en jefe del modelo RSEI, recordó las batallas ocasionales para conseguir que sus colegas aceptaran la herramienta de escrutinio, sin hablar de compartir los resultados con el público. “Con frecuencia ha habido un rechazo a tener esta valiosa ficha técnica demasiado disponible porque podría generar titulares”, dijo. “Lo que encuentro irritante es que la EPA tiene la misma información a su disposición y no la usan. Si ProPublica puede hacer esto, la EPA también puede”.
En su declaración, la EPA dijo que planea mejorar su método para compartir datos con el público sobre las sustancias tóxicas atmosféricas de forma más rápida y regular. “La EPA no ha publicado resultados basados en el modelo RSEI sobre los riesgos adicionales de cáncer”, continuó. “Los resultados de RSEI no están diseñados para sustituir evaluaciones más inclusivas y completas del riesgo en un lugar específico”, sino como un posible punto de partida que debería usarse solamente “para identificar situaciones de posible preocupación que pudieran justificar una investigación adicional”.
En efecto, nuestro mapa funciona como una herramienta de escrutinio, no como una evaluación sobre el riesgo en un lugar específico. No puede usarse para conectar casos individuales de cáncer con las emisiones de una planta industrial específica, pero puede usarse para detectar lo que la EPA llama “situaciones de posible preocupación”.
Nuestro análisis llega cuando los Estados Unidos encaran nuevas amenazas a la calidad del aire. Los efectos eventuales del cambio climático, como temperaturas más altas e incendios forestales enormes, han creado más humo y contaminación. La administración Trump diluyó, saboteó o revirtió docenas de protecciones contra la contaminación atmosférica, acciones que se estima que pueden provocar miles de muertes prematuras adicionales. En 2018, el entonces Administrador de la EPA Scott Pruitt, creó un enorme agujero legal en torno a la contaminación atmosférica cuando desmanteló una norma clave de la Ley de Aire Limpio, conocida como “una vez dentro, siempre dentro”, lo que permitió que grandes contaminadores se relajaran en el uso de equipamiento para controlar la contaminación.
Biden todavía tiene que cerrar este agujero, pero ha firmado planes para atenuar los efectos desproporcionados sufridos por la gente que vive en esas zonas de peligro. En sus primeros días en el cargo, creó dos comités en la Casa Blanca para enfrentar la injusticia ambiental. Y en marzo, el Congreso confirmó el nombramiento de Michael Regan como administrador de la EPA, que ha orientado a la agencia para que fortalezca el cumplimiento de las infracciones “en comunidades sobrecargadas por la contaminación”. La Casa Blanca no respondió a nuestra solicitud de comentarios.
Defensores del medio ambiente dicen que la administración de Biden debería presionar a la EPA para analizar el aire en zonas tóxicas y emprender acciones contra los contaminadores que están vulnerando sus permisos. Debería también impulsar nuevas normas que tomen en consideración el riesgo mucho mayor que supone cuando múltiples plantas se agrupan en una misma zona. Los defensores también dijeron que la EPA debería reexaminar su tolerancia de 1 en 10,000 como un riesgo de cáncer adicional aceptable y extender el límite a 1 en 1 millón para todos, dado lo mucho que el conocimiento y la tecnología alrededor de las sustancias tóxicas atmosféricas han avanzado desde los años 80. “Reconocemos que lo que era aceptable entonces no está bien ahora”, dijo Emma Cheuse, una abogada y experta en componentes tóxicos atmosféricos del grupo de apoyo Earthjustice.
La EPA adoptó el límite de 1 en 10,000 en base a un reporte de la agencia de 1988 que enumeraba la probabilidad de morir de una forma inusual como “la ropa prendiéndose fuego”, “plantas venenosas” o por ahogamiento, y entonces elegir un nivel de riesgo aproximadamente en el medio de la escala. La decisión de la EPA era “esencialmente arbitraria”, dijo Patricia Ross McCubbin, profesora de legislación del medio ambiente en la Universidad del Sur de Illinois, quien ha estudiado el programa sobre el riesgo de la agencia.
Tejada dijo que la posible reevaluación del límite de riesgo aceptable de la EPA era “una cuestión política de peso”.
“Queremos ver progreso” en zonas peligrosas, añadió Tejada, pero dada la complejidad de los problemas, advirtió que el progreso podría tomar tiempo. “No vamos a mentirle a nadie y decir, ‘Bien, al final de esta administración, todo el mundo va a estar bien’. Creo que nadie se creería esto”.
Sin protecciones más sólidas, mucha de la gente que vive en las comunidades adyacentes teme convertirse en daño colateral. Para los residentes de Mossville, Louisiana, ya es demasiado tarde.
La población del suroeste de Louisiana, una de las comunidades más contaminadas del país, casi ha desaparecido en medio de la continua invasión de Sasol, el gigante de productos químicos sudafricano. La obra más reciente de la empresa llevó a la compra de las propiedades de más de la mitad de los residentes que todavía permanecían en el área. Al final de los 90, más de 500 personas vivían en Mossville. Los residentes dicen que solo quedan unos 50.
Mossville fue fundada por antiguos esclavos en la década de 1790, antes de la Guerra Civil. Debra Sullivan Ramírez, de 67 años, recuerda su infancia allí de una forma idílica. Ella y su familia vivían de la tierra, con sus sombreados pantanos y frondosos huertos. Cultivaban sus propias frutas y verduras, cazaban y pescaban, y extraían jugo de los árboles mayhaw para hacer gelatina. Sullivan Ramírez recuerda cómo, después de la misa de los domingos, se quedaba dormida en el porche delantero de la casa de su abuela con el relajante ronroneo de la planta química Conoco al otro lado de la calle.
Visto en retrospectiva, las señales de alarma siempre estuvieron ahí. Charcas fluorescentes, columnas de humo amarillo. La ocasional explosión en el cielo. Sin mencionar todas las enfermedades. Muchos de los vecinos sufrían problemas respiratorios y enfermedades del corazón. Su padre tenía diabetes, la cual podría haber sido provocada por la dioxina, un químico que ataca al páncreas. Su hermana Sandra murió de cáncer de ovarios a los 61 años. Su vecina Kathy Jones murió a los 58 de un tumor de ocho libras cerca del riñón.
“No había una cuadra de calle que no tuviera cáncer”, dijo Sullivan Ramírez.
A lo largo de los años, la misma Sullivan Ramírez ha luchado con degeneración nerviosa y esclerodermia, una enfermedad rara que provoca el endurecimiento de la piel y los tejidos conectivos. Aunque puede ser difícil conectar casos específicos de la enfermedad con la exposición a la contaminación, está la evidencia acumulada en Mossville: en una encuesta de 1998 realizada por la Universidad de Texas, 84% de los residentes de Mossville reportaron tener dolores de cabeza, mareos, temblores y convulsiones. Un estudio de la EPA del mismo año encontró que el promedio de dioxinas en sangre de los residentes de Mossville era peligrosamente alto, era el triple que el de la población general de EE. UU. Aún pequeñas cantidades de dioxina, una de las sustancias químicas más venenosas que emanan de las instalaciones industriales, pueden causar problemas en el desarrollo, dañar el sistema inmunitario y producir cáncer. Un reporte de 2007 encontró que los tipos de compuestos de dioxinas en la sangre de los residentes de Mossville coincidía con los emitidos por las plantas industriales locales.
En una declaración por correo electrónico, Sasol señaló que la compra de propiedades por su parte surgió de peticiones directas de los residentes de Mossville y que la compañía ofreció a los propietarios una cantidad por sus casas superior al precio de tasación. “Sasol y su predecesor han producido y manejado químicos en nuestro complejo de Lake Charles durante más de 60 años. Entendemos la ciencia e implementamos controles para asegurar que nuestras operaciones son seguras, protegen el medio ambiente, cumplen con las regulaciones y son sostenibles a largo plazo”, escribió Sarah Hughes, portavoz de Sasol. “Sasol está orgullosa de nuestro compromiso con nuestros vecinos de Mossville y del efecto positivo que ha tenido en muchos de sus residentes”.
Sullivan Ramírez es reacia a hablar demasiado. Sabe que la nueva administración ha prometido algo más para las comunidades como la de ella, pero no quiere hacerse ilusiones. Las ponencias de los capitanes de la industria, las sesiones de escucha con serios burócratas, las propuestas de astutos abogados, las promesas recitadas de carrerilla por los políticos, a través de los años ha escuchado de todo.
La gente de Mossville está en su derecho a ser escéptica, reconoce Tejada, el funcionario de la EPA. “Yo también sería escéptico si fuera de Mossville”, añadió. “Deberían ser escépticos hasta que de verdad aparezcamos y hagamos las cosas que nos han estado pidiendo hacer durante mucho tiempo. Pero ahora hay un nivel de compromiso para realmente batallar con estos temas de una forma seria y sustancial”.
Después de años de activismo en Mossville, Sullivan Ramírez se mudó a Lake Charles, a poca distancia en auto. Sin embargo, le preocupa que la expansión industrial un día alcance su nuevo hogar. Para Sullivan Ramírez, Mossville es “la clave”, un aviso de lo que el futuro les depara a las otras zonas en peligro de los Estados Unidos si las cosas siguen como siempre.
“Estamos en el siglo XXI”, dijo. “El acto de contaminar nuestras tierras y robar a nuestras comunidades, ¿cuándo será suficiente?”
Contribuyeron para este reportaje Jeff Kao, Alyssa Johnson, Kiah Collier y Max Blau de ProPublica y Kathleen Flynn. Imágenes por Lucas Waldron de ProPublica.
Todas las citas de este artículo se proporcionaron originalmente en inglés y fueron traducidas al español. Traducción por Carmen Méndez. Corrección de estilo: Mónica E de León.
